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Monday, August 22, 2016

DESTITUIR Y CONSTITUIR: EL CONCEPTO DE PUEBLO EN LA POLÍTICA

(Un ensayo)
Fernando Mires




En un anterior artículo escribí que una gran parte del pueblo venezolano “se hace pueblo” a través del Revocatorio. Agregué, además, que en política el pueblo al “hacerse”, se diferencia de la noción mítica de un pueblo étnica, racial o demográficamente pre-constituido. Como consecuencia de esa opinión algunos lectores me han solicitado explicar de modo más detallado la relación entre pueblo y política. A eso procederé a continuación.

¿CUÁNDO UN PUEBLO SE HACE PUEBLO?

Una de las dificultades para entender a un pueblo como algo “no hecho” sino como algo que “se hace” reside en la identificación, las más de las veces retórica, entre pueblo y nación. Más grande es la dificultad si se toma en cuenta que desde el punto de vista de la nación el pueblo está formado por todos los con-nacionales y en su expresión jurídica estatal, por todos los con-ciudadanos. Luego, si la nación es indivisible, el pueblo también lo sería.

Ese criterio de pueblo-nación no puede, sin embargo, ser asumido por ninguna teoría política moderna. La razón es que la política actúa siempre sobre un campo divisible poblado de conflictos y antagonismos. Sin divisibilidad no hay política. Por lo mismo, el pueblo en política es, y debe ser –a diferencia del pueblo-nación- un pueblo dividido. Usando un ejemplo extremo se puede decir que el pueblo de los fascistas no puede ser el mismo que el pueblo de los demócratas, ni al revés tampoco.

En términos no políticos, el pueblo político al ser confundido con los conceptos de nacionalidad, ciudadanía, etnia e incluso raza, opera en el imaginario colectivo como un pueblo fundador, es decir, como un pueblo histórico. En cambio, desde la perspectiva del pensamiento político, el pueblo histórico no existe como tal y en su lugar aparece un pueblo en su historia, historia que al ser historia va mutando de modo incesante. Podríamos decir, por lo tanto, que el pueblo no-político es un pueblo estático y el pueblo político es un pueblo activo, en constante transformación. En breve: “un pueblo que se hace pueblo”.

La noción de un pueblo que se hace puede ser ejemplificada a partir de un estudio realizado por Sigmund Freud relativo al momento de fundación del pueblo judío durante el largo periodo del Éxodo. En los tres ensayos contenidos en su última obra “Moisés y la religión monoteísta” (1934-1938) – dejando de lado especulaciones relativas a la nacionalidad de Moisés, según Freud un noble egipcio perteneciente a la corte del faraón monoteísta Akenaton, derrocado por el “partido politeísta”– la idea freudiana es que no fue el pueblo judío el que realizó el “éxodo” sino el “éxodo” hizo posible al pueblo judío. Tesis que encuentra ciertos fundamentos en la propia narración bíblica. Pues a través del largo viaje, los emigrantes pre-judíos fueron creando reglamentos (mandamientos), estructuras, jerarquías e instituciones que le permitieron constituirse como pueblo antes de ser nación.

En cierto sentido –eso no lo dice Freud pero es deducible de sus sugestivos ensayos- antes de que el pueblo judío fuera un pueblo religioso fue un pueblo político y como tal fue constituido a partir de múltiples y violentas luchas de poder las que adquirían – no podía ser de otro modo ─ un formato religioso (idolatría vs. monoteísmo, por ejemplo). El concepto de pueblo religioso es, por lo tanto, una variante del concepto de pueblo histórico (o pueblo fundacional).

Benedicto XVl, como es sabido, propuso, en analogía al pueblo judío hablar del “pueblo cristiano”. Pero en cualquiera de los dos casos el pueblo religioso no puede ser un pueblo político. La razón es obvia: en un pueblo político caben los miembros de todas las religiones y confesiones habidas y por haber.

Un pueblo histórico y/o religioso pudo haber sido en sus orígenes un pueblo político. Pero desde el momento en que “pasa a la historia”, deja de ser político. El pueblo político es, en cambio, un pueblo “haciendo su historia”. Eso no quiere decir que en política no exista cierta recurrencia a la noción de pueblo histórico (fundacional), pero solo con el objetivo de reafirmar la existencia de un pueblo político.

Ahora, en la teoría política moderna –esencialmente contractual- el concepto de pueblo opera como una premisa ficticia o principio regulativo cuya función es dar sentido al acto constituyente originario (Hans Kelsen, Teoría general del Derecho y el Estado) Un ejemplo: la Constitución de los EE UU en su preámbulo 1787 dice: Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos.

EL PUEBLO CONSTITUYE Y DESTITUYE

Evidentemente, la Constitución norteamericana no fue dictada por el pueblo pero se sustenta sobre el principio que da sentido al acto constituyente en donde el pueblo actúa (de modo ficticio) como agente fundador. Siguiendo a Kelsen y en cierto modo a la idea del velo de la ignorancia de John Rawls (Teoría de la Justicia), las premisas constitucionales, si bien siendo ficticias o imaginarias, cumplen el papel de regular el sentido mismo de la Constitución. Así puede ser posible que el pueblo “de carne y hueso” no actúe como agencia fundadora de un pueblo, pero sí es introducido en una Constitución como agente fundacional, el pueblo “de carne y hueso” puede ser activado en cualquier momento.

Para seguir con el ejemplo norteamericano, sabemos que en la Declaración de Independencia de 1776 fue establecido que “todos los hombres han sido creados iguales” pese a que no todos los hombres –sobre todo los esclavos negros- eran iguales en la recién fundada nación. Pero dicha frase confirió posteriormente al partido anti-esclavista del norte una vía constitucional sobre la cual hizo transitar sus demandas. Por esa misma razón, cuando Obama fue elegido presidente, el principio de la igualdad ante la ley, plenamente activado, dejó de ser una ficción y se convirtió en realidad. Así sucede con el principio del pueblo como agente constitucional. Dicho principio regulativo aplicado sin el pueblo puede ser usado a posteriori por el pueblo el que a la vez se convierte en pueblo en defensa de ese mismo principio.

El pueblo es quien constituye. Esa fue la definición del jurista Carl Schmitt en su libro Teoría de la Constitución (1928) En palabras breves, el pueblo es político, según Schmitt, cuando asume su plena soberanía.

La noción del pueblo soberano ─ básicamente contractual ─ asumida por Schmitt en 1928 contrasta, sin embargo, con la expresada de modo radicalmente taxativo en su libro Teología Política publicado en 1922. La premisa de Schmitt en ese texto era: Soberano es quien decide sobre el estado de excepción.

Según esa primera acepción, el muy hobbesiano Schmitt entiende a la soberanía como una atribución derivada del uso de la fuerza. Schmitt, efectivamente, no confería en 1922 importancia a la diferencia entre dominación militar y hegemonía política. Tampoco al concepto de mayoría, tan decisivo para Hannah Arendt en la génesis del poder político (Violencia y Poder). Para el Schmitt de 1922 la soberanía se deduce simplemente del poder y el poder de la violencia. Esa fue la razón por la cual los teóricos políticos dedicados a dar fundamento ideológico a regímenes dictatoriales han abrazado con entusiasmo la tesis schmittiana de 1922 desconociendo la de 1928. No podemos olvidar por ejemplo que Jaime Guzmán. el filósofo político de la dictadura de Pinochet, seguía a pies juntillas las tesis formuladas por Schmitt en sus libros Teología Política y La Dictadura desconociendo por completo la tesis del pueblo como soberano expuestas por el mismo Schmitt en 1928.

Por cierto, Schmitt, a diferencia de Arendt, nunca fue un demócrata. Cuando en 1928 acepta la tesis de que el pueblo es quien constituye reconoce simplemente que el pueblo puede ser poder constituyente, pero a la vez no niega la posibilidad de que ese poder también pueda derivar del principio monárquico el que bajo la categoría Führerprinzip (principio del líder) puso Schmitt al servicio de la Constitución nacional-socialista de 1933. No obstante, como el principio monárquico no puede ser traspasable a ningún principio civil pues el poder del monarca proviene teóricamente de Dios, la vinculación establecida por Schmitt fue la de líder y pueblo entendiendo al pueblo como una proyección “hacia abajo” del soberano constituyente representado en el Führer (Hitler).

YO SOY EL PUEBLO

El dictador, de acuerdo al Führerprinzip se arroga no un poder divino, pero sí el poder del pueblo. Él es el pueblo. Nos explicamos entonces por qué Napoleón declaró en un discurso Yo soy el poder constituyente. Frase dicha en contraposición a la de El Estado soy yo formulada por Luis XlV. En otras palabras, lo que Napoleón dijo fue: Yo soy el pueblo. De más está decir que ese principio, el napoleónico, ha hecho escuela entre los filósofos de las dictaduras desde el español Donoso Cortés, el alemán Carl Schmitt, hasta llegar en América Latina a ser representado en personas como el dominicano Joaquín Balaguer, el chileno Jaime Guzmán y el argentino Norberto Ceresole.

El pueblo, para los filósofos de las dictaduras es una prolongación de la persona del dictador. El dictador en lugar de ser representante del pueblo convierte al pueblo en representación de la voluntad general (Rousseau) encarnada en el Partido, en el Máximo Líder, en el Caudillo. Ahí reside la índole populista de la mayoría de las modernas dictaduras. Sean los comunistas, sean los actuales autócratas eurasiáticos (Putin y Erdogan), sean los neo-dictadorzuelos latinoamericanos (Ortega, Maduro), todos reclaman para sí la representación absoluta y total del pueblo.

No obstante, si aceptamos la premisa del Schmitt de 1928 –no hay razones para no hacerlo– el pueblo, en tanto poder constituyente, puede ser, por lo mismo, poder destituyente. Más todavía si consideramos que todo acto constituyente supone un previo acto destituyente. Así, el pueblo, al ser el agente que convoca, es también el que revoca.

Llevemos ahora la tesis del Schmitt de 1928 hasta sus últimas consecuencias. Si el pueblo constituyente es destituyente, el pueblo cuando destituye no puede ser un principio regulador ni ficticio ni imaginario como en muchos casos es el pueblo constituyente. Para destituir debe ser en primera línea un pueblo “de carne y hueso” pues un pueblo como principio regulador no puede destituir a nadie. En otras palabras, nunca un pueblo es más pueblo que durante el acto de la destitución. A través de ese acto, la letra se hace cuerpo, el espíritu se hace realidad y el pueblo se hace pueblo. La soberanía tácita del pueblo se convierte en soberanía manifiesta durante el acto de destitución o revocación. Más todavía: un pueblo que no puede destituir tampoco puede ─ en términos reales y no ficticios ─ constituir.

No en el poder constituyente sino en el destituyente se expresa -repetimos- la noción de la soberanía popular. El acto destituyente puede ser llevado a cabo mediante el simple proceso electoral o de acuerdo a normas constitucionales. Pero si ese acto es negado serán abiertas las compuertas para activar el derecho natural a la desobediencia y a la rebelión.

No antes del acto destituyente sino durante, el pueblo actúa como instancia política plenamente soberana. Por lo mismo, si deja de actuar como soberano activo (constituyendo, destituyendo, eligiendo) el pueblo vuelve a su condición pasiva y se convierte en pueblo histórico o simbólico, en pueblo demográfico o población, en pueblo jurídico (ciudadanía) e incluso en “masa” cuando el lugar del soberano es usurpado por otro agente político (monarquía, dictadura, líder máximo).

EL PRINCIPIO FUENTEOVEJUNA

Tal vez una de las mejores documentaciones que muestran como la soberanía destituyente se hace presente en un pueblo lo encontramos en la era pre-política de España documentado en la legendaria obra de teatro escrita por Lope de Vega: Fuenteovejuna (1612).

El tiranicidio cometido en la persona del Comendador de Calatrava fue asumido por el pueblo de Fuenteovejuna en su conjunto. Nadie delató, aún bajo tortura, al ejecutor. El pueblo se hizo pueblo a través de la solidaridad colectiva, esto es, a partir de la formación de un “nosotros constitutivo” aparecido como consecuencia de la negación física a la tiranía.

- ¿Quién mató al Comendador?
- Fuenteovejuna, Señor
- Quién es Fuenteovejuna?
- Todo el pueblo a una.

La negación a la tiranía aparece en Fuenteovejuna a través de un tiranicidio, así como después en Francia apareció a través de un regicidio. En ambos casos la soberanía del pueblo se expresa en el acto pre-político de la negación física del representante del poder. No obstante, en la era política –se supone, es la que vivimos- la negación de la tiranía no pasa necesariamente por la eliminación física del tirano sino por su simple destitución.

En las repúblicas parlamentarias basta la simple mayoría en el parlamento para que un mandatario legal y legítimo cese en sus funciones. En algunos regímenes presidencialistas los mandatarios pueden cesar cuando dos poderes del Estado, el judicial y el parlamentario, se unen en contra del ejecutivo o simplemente cuando son puestos en práctica los dispositivos revocatorios inscritos en la misma Constitución.

Cuando no existe separación de poderes y a la vez son cerradas las posibilidades revocatorias inscritas en la constitución, solo quedaría el camino de la destitución mediante la recurrencia al derecho natural a la rebelión. Así ocurrió en 1989-1990 en las llamadas “democracias populares” dependientes de la URSS. En la mayoría de ellas la Nomenclatura fue destituida mediante la acción de masivas rebeliones populares. Pero solo en Rumania el dictador fue ejecutado. El espíritu de la soberanía popular políticamente organizada mediante el acto de la destitución –es decir, el principio Fuenteovejuna- prevaleció en todos esos países.

Quizás no hay mejor ejemplo para ilustrar como el principio Fuenteovejuna continúa vigente en la modernidad que ese grito colectivo surgido en las manifestaciones de los días Lunes en la RDA de 1989/1990: Nosotros somos el pueblo.

En esa simple frase está condensada toda la teoría del pueblo político aparecida de modo embrionario en la magistral obra de Lope de Vega. Nosotros significa, nosotros somos la mayoría y no ustedes (la Nomenclatura, la minoría)

La “nosotridad” opera entonces como agente divisorio entre el pueblo y los que ejercen soberanía en nombre del pueblo. A través de la negación del poder de los otros, el nosotros alemán se hizo pueblo soberano reclamando para sí la soberanía ejercida en nombre del pueblo por una minoría dictatorial Y asumiendo su soberanía, el pueblo se convirtió en destituyente y por lo mismo en constituyente.

Por cierto, no en todas las destituciones presidenciales, por muy constitucionales que sean, el pueblo actúa como poder destituyente. En América Latina tenemos algunos ejemplos en las destituciones de Alberto Fujimori en Perú (2000), de Manuel Zelaya en Honduras (2009), de Fernando Lugo en Paraguay (2012) y en menor medida en la de Dilma Rouseff en Brasil (2015). En todas ellas, el pueblo si es que actuó, lo hizo recurriendo al principio de delegación.

Distinto fue el caso de la destitución de Pinochet. En Chile, durante el legendario plebiscitito de1988 se dio una combinación entre pueblo destituyente y una vía inscrita en la propia Constitución.

En el curso del plebiscito chileno se enfrentaron dos poderes, el constituyente basado en el Führerprinzip de acuerdo al cual el pueblo actúa como prolongación del poder del Estado representado en un caudillo y el destituyente, convertido en pueblo mediante el voto del NO. El triunfo del pueblo destituyente pasó a ser constituyente solo después del retiro del dictador. En cierto sentido el NO a la prolongación del mandato presidencial de Pinochet fue la representación gramatical de una rebelión constitucional.

El pueblo, en suma, es pueblo político cuando revoca (destituye) y convoca (constituye). En ese mismo orden.

POST-SCRIPTUM PARA (E)LECTORES VENEZOLANOS

De la misma manera que en el Chile de 1988, en la Venezuela de 2016 tiene lugar un enfrentamiento de poderes entre el Führerprinzip (principio del caudillo) y el principio del pueblo destituyente (principio Fuenteovejuna).

El principio caudillesco ya no puede ser poder constituyente entre otras cosas porque en Venezuela ya no hay caudillo (Führer). Chávez es un cadáver biológico y Maduro un cadáver político. Ya no hay fuerza, razón ni lógica que constituya al “pueblo chavista”. Solo resta la razón de la fuerza representada en el ejército. En la Venezuela de hoy solo rige el poder de las armas. De ahí que el revocatorio es la única alternativa para restaurar la democracia. Así lo han entendido incluso sectores ayer afines al chavismo quienes, con toda la razón del mundo, no quieren pasar a la historia como subordinados de una dictadura militar; con o sin Maduro.

El RR16 adoptado por el conjunto de la oposición para hacer válida la destitución del gobierno y del régimen que representa, está inscrito en la propia Constitución. Todo intento por invalidar, desconocer o retrasar el RR16 es, por lo tanto, anti-constitucional.

El pueblo del Revocatorio actúa en primera línea en defensa de la Constitución. En segunda, de las instituciones que la representan (Asamblea Nacional entre otras) y en tercera, de la vía electoral como medio y forma para acceder al gobierno. Al lado del RR16 se encuentra la legalidad institucional, la legitimidad popular y la mayoría nacional. Esas son razones por las cuales el llamado al RR 16 no puede ser comparado con otras alternativas de protesta popular como las que tuvieron lugar en Venezuela en Febrero del 2014.

El llamado del 2016 no solo es constitucional. Además, es constitucionalista. No solo es legítimo. Además, es legal. No surge después de ninguna derrota electoral (como fueron las elecciones municipales de 2013) sino después de la aplastante victoria del 6-D del 2015. No emerge desde una oposición dividida sino de una que ha alcanzado el máximo punto de unidad. En otras palabras, el RR16 no solo es fuerza mayoritaria. Es también la principal fuerza hegemónica del país. Este último punto hay que subrayarlo pues si bien no toda mayoría es hegemónica, toda hegemonía debe ser mayoritaria.

El RR16 obedece a la lógica de una última ratio. Luego, su legitimidad no proviene solo del hecho de que la gran mayoría del país lo aprueba. Si así fuera, sentaría un peligroso precedente para el futuro pues cada gobernante podría ser destituido cada vez que pierda la mayoría electoral.

El RR16 debe ser puesto en práctica no porque proviene de la mayoría, sino por una razón de extrema urgencia, a saber: que todas las alternativas para que el gobierno hubiera enmendado su rumbo anti-constitucional ya han sido agotadas. La necesidad del RR16 surgió recién con fuerza cuando estuvo claro que el gobierno Maduro intenta clausurar a la AN mediante usos ilícitos, confiriendo poder legislativo al oficialista TSJ.

El Parlamento, con todos sus defectos, es la voz del pueblo. No solamente es el órgano destinado a promulgar leyes. Es antes que nada el centro del debate y por lo mismo del diálogo entre las diversas fuerzas que constituyen a la política de una nación. Es por eso que la democracia de nuestro tiempo es y debe ser parlamentaria. Sin parlamento no hay democracia. El parlamento es – dicho de modo taxativo ─ la democracia. Luchar por la vigencia del Parlamento no significa solo defender las voces de las mayorías sino también la de las minorías, incluyendo también a las del chavismo.

El régimen que representa Maduro ha provocado el más grande desastre económico que conoce la historia de su país, ha anulado la independencia de los poderes públicos, ha militarizado el poder político y hoy pretende desconocer al propio sistema electoral que lo llevó al poder, es decir, al pueblo como poder constituyente.


Por esas razones, y no solo por haber perdido la mayoría, Maduro y su régimen deben ser revocados. En nombre del pueblo, de la Constitución y de las Leyes.

Saturday, August 13, 2016

LA LÓGICA DEL MAL


Vladimiro Mujica
(Tomado del Blog POLIS)


Tomo prestado el título de un libro de William Brustein sobre los orígenes sociales del partido nazi. En su obra el sociólogo estadounidense sostiene que la afiliación al partido nazi se produjo en buena medida por elección racional, es decir que el partido presentó como oferta política algo que resultó por ser muy atractivo, sobre todo desde el punto de vista económico, para los sectores de clase media que terminaron por apoyarlo. La tesis de Brustein ha sido muy criticada porque deja de lado el análisis de la influencia que tuvieron los atractivos más “irracionales” del mensaje nazi, como el ultranacionalismo y el antisemitismo, en el proceso de afiliación al nazismo. En cualquier caso, las implicaciones tanto de la tesis de la elección racional como de la contribución que los prejuicios, el racismo y otros elementos irracionales pueden tener en el surgimiento de un fenómeno social y político horrendo como el nazismo son devastadoras. Cómo se construyen realidades y ficciones que se alimentan de los miedos y frustraciones de la gente sigue siendo un tema fascinante y oscuro de la comunicación política.

Salvando las distancias históricas y culturales, y por odioso y exagerado que parezca a primera vista, es instructivo comparar el crecimiento del PSUV con el proceso de crecimiento del nacionalsocialismo en Alemania. En ambos casos, las dos naciones atravesaban por una crisis del sistema político -agravada en Alemania por una agobiante situación económica producto de la I Guerra Mundial- que abrió la puerta para el surgimiento de dos dirigentes mesiánicos, Chávez y Hitler, que construyeron plataformas políticas con un mensaje de cambio revolucionario arrollador. El mensaje contenía en ambas instancias referencias importantes a la historia y la cultura nacionales, el pangermanismo y la supremacía histórica aria en el caso de Alemania, y el árbol de las tres raíces y la apropiación de la gesta y el espíritu bolivariano como inspiración de la revolución chavista en el caso venezolano. Los dos movimientos construyeron un mensaje con fuerte arraigo popular que contenía elementos de fractura, odio y división social basados en la frustración y el resentimiento. Ambos se apartaron cada vez más de un inicial espíritu de democracia tumultuaria para cederle el paso a un esquema aún más negativo de dirección autoritaria y represiva, que castigaba especialmente a la disidencia interna. Ambos llevaron a sus respectivas naciones a catástrofes, y quizás la diferencia más prominente en esta comparación es que el nazismo arrastró a Alemania a su destrucción al lanzarla a una guerra contra el mundo civilizado, mientras que la oligarquía chavista se ha planteado una guerra contra su propio pueblo. Una guerra que tiene distintas facetas pero que se resume en la aberrante y prepotente ignorancia de todo el daño que el desgobierno chavista está causando a Venezuela y a sus posibilidades futuras de construir bienestar para su gente. Parece ser que la máxima de capataces que se ha instalado en el gobierno es “Venezuela será nuestra o no será de nadie, porque arrasaremos con ella”.

La decisión de avanzar en la dinámica del enfrentamiento entre venezolanos está íntimamente vinculada con el convencimiento que tiene la oligarquía chavista de que ha perdido el favor popular. Aquí también hay un paralelismo histórico interesante con los últimos días de Hitler en los que el Führer confesaba amargamente que no le importaba la destrucción y derrota del pueblo alemán porque ese pueblo no había sido capaz de defender el ideal nazi y a su líder.

El último episodio del despropósito chavista de cerrar las fuerzas a cualquier salida democrática, pacífica y constitucional de esta tragedia histórica, es la resolución del CNE de dejar en el aire la fecha de los eventos indispensables para la realización del RR-2016. La lógica del mal, promovida desde el alto gobierno y sus cómplices, avanza aquí sobre el supuesto fundamental del miedo de la gente a la violencia. Los mecanismos están por supuesto conectados con la represión y el control de las fuerzas armadas y los grupos paramilitares del cual presume el régimen. A ello se le une el yugo social, mental y espiritual que supone la administración despiadada de la pobreza, la miseria y el desabastecimiento, como herramientas de control de la población.


El develar la lógica del mal tiene un efecto político y espiritual sobre la gente, porque la lleva a entender que no hay ningún motivo para resignarse ni para que avance la desesperanza. A la oligarquía chavista no le asiste ninguna razón, ni histórica ni jurídica. A Venezuela no le caído ninguna maldición bíblica por nuestra conducta despreocupada en dar por sentadas la democracia y la libertad y creernos el mejor país del mundo, quizás nuestra culpa primaria como sociedad, junto con permitir el crecimiento de la pobreza y la exclusión, en abrirle la puerta al malhadado experimento chavista. No, no se trata de ninguna expiación religiosa de culpas. El asunto es mucho más mundano, Venezuela es presa de un proyecto corrupto de poder que comenzó teniendo una amplia base popular que hoy se achica día a día. Continuar y vencer en la batalla épica para salir de este hueco histórico depende de una casi mágica combinación de liderazgo valiente y decidido con que la gente se crea que vale la pena arriesgarse a la desobediencia ciudadana y lo que ella implica. Una navegación difícil y turbulenta donde estamos obligados a defender las opciones constitucionales y a resistir la tentación de la violencia y el caos al que el gobierno del mal pretende arrastrar el país.

Thursday, August 4, 2016

Revocatorio Sí... Express

La verdad es que no se aguanta la vergüenza que sentimos los venezolanos al ser conocidos en el mundo como un país donde gobierna un narco régimen, en el cual, el recién nombrado ministro de Interior, Justicia y Paz ha sido señalado como jefe de un cártel de drogas. Tal nombramiento no asombra ante la amoralidad desplegada por quienes se han adueñado del país. Es hasta lógico que sus altos funcionarios sean personajes señalados en el mundo como narcotraficantes, total, hasta sobrinos e hijos de crianza de quienes despachan desde Miraflores, están acusados y "privados de libertad" por los mismos delitos de este recién nombrado ministro

Saturday, July 30, 2016

LOS CONOCIMIENTOS MILITARES DE DONALD TRUMP


Trump había sido enviado por su padre a la New York Military Academy, una especie de boot camp para gente acomodada, con el propósito de corregirle. Esa es su única experiencia como militar, pero supo escabullirse del reclutamiento para la guerra de Vietnam. El Daily News recoge esa historia en su portada, donde se lee: “El soldado de juguete Trump atacó verbalmente e insultó a un verdadero héroe de guerra pero usó cinco aplazamientos y un arañazo en el pie para esquivar el reclutamiento de Vietnam”. Se hace un llamado en su foto mostrando una condecoración sobre su uniforme de soldadito de juguete y se dice: “Y aquí está su medalla por ser aseado”.  




Cuando a Trump se le preguntara cual era el problema que había tenido en el pie dijo que se trataba de un espolón; al preguntársele en cual pie tenía el espolón dijo no recordarlo. Ahora los voceros de su campaña aseguran que se trataba de dos espolones, uno en cada pie.

Sunday, July 17, 2016

Resistencia pasiva – Lucha noviolenta, una recopilación sobre el tema


Según Rodrigo Borja en Enciclopedia de la Política, “la resistencia pasiva es una de las variantes que puede asumir el derecho de resistencia de los pueblos ante el abuso autoritario. Este derecho puede ejercerse por la vía pacífica o violenta. La primera vía lleva hacia la llamada resistencia pasiva. La segunda, con su doble modalidad de lucha abierta o clandestina, puede conducir a la revolución si confluyen las condiciones objetivas y subjetivas necesarias.

Se usa la expresión resistencia pacífica para designar la actitud de oposición popular no violenta contra un gobierno despótico o contra una fuerza de ocupación extranjera. Ella implica actos de desobediencia civil, huelga de brazos caídos, no participación en actividades públicas y otros medios de protesta desprovistos de violencia. Esta táctica fue puesta en práctica exitosamente por Mahatma Gandhi (1869-1948) contra las fuerzas colonialistas inglesas en la India en 1913. Algo parecido se intentó hacer más tarde en Checoeslovaquia ante la invasión soviética de 1968, aunque con resultados poco efectivos”.

Otras definiciones para la resistencia pasiva la consideran como “una forma de lucha política, basada en la doctrina de la no violencia, consistente en diversos tipos de acciones pacíficas hostiles al poder político, tales como la desobediencia civil, manifestaciones y marchas pacíficas, encierros voluntarios, huelgas de hambre, etc., con el objeto de lograr la satisfacción de ciertas reivindicaciones o conseguir el resquebrajamiento del régimen político”. Otros consideran la resistencia pasiva como diferente de la lucha noviolenta al ser el “sólo negarse a hacer algo indicado desde el poder convencional o un gobierno”, es decir, una forma de desobediencia civil y de no colaboración.

En general, las características de la resistencia pasiva poseen las siguientes manifestaciones:

a) resistencia ética (originalmente la 'no-resistencia', no resistirse al mal causando injusticia).
b) Intentar la Negociación e incluso el arbitraje
c) Preparación, entrenamiento y concienciación del grupo (rebelde) para la acción directa
d) Agitación y peticiones concretas de cambio y transformación del régimen o sistema político-social
e) Emisión de un ultimátum (dirigido al oponente u opresor)
f) Medidas de Boicoteo económico y medidas de huelga
g) No cooperación o no colaboración política
h) Formas de acción directa o intervención noviolenta como la Desobediencia civil
i) Creación de instituciones paralelas (como la usurpación de las funciones de gobierno)
j) Desafío total con la creación de un Gobierno paralelo

Jean Dale, por su parte menciona la “resistencia cotidiana” como “formas anónimas, individuales, que no requieren de una organización previa, pero si requieren de una interiorización muy profunda de sus parámetros culturales a partir de los cuales actúan y se hacen presentes en todo momento. Y que implican altos niveles de impugnación del sistema establecido”. Es la expresión del disgusto de parte de la población, en el caso que estudia son los campesinos, que no es “una acción concertada ni organizada, sino una forma de corroer el sistema burocrático confrontarse a él y proteger sus propios intereses, (…) muy típico de lo que es la resistencia cotidiana”.

La acción política noviolenta no es resistencia pasiva, tampoco “resistencia ordinaria” –actos de comunidades agraristas y premodernas, con protestas de bajo perfil, sabotaje, evasión de tributos, y desobediencia localista estudiados por autores como Scott (1989)–. Tampoco se reduce a la participación en la política institucional (elecciones, cabildeo), no es evasión del conflicto, negociación o resolución tolerante de los conflictos, aunque puede ser una forma de  ganar poder de negociación y buscar la paz. En términos generales, advirtiendo sobre la diversidad de enfoques, la acción política noviolenta es una forma de continuar el conflicto y defender o mantener una posición política hasta las últimas consecuencias, pero minimizando los daños al adversario y al medioambiente. (Freddy Cante. Prólogo al libro de Kurt Schock, Insurrecciones no armadas)

la acción noviolenta es ante todo una forma de acción, y no una forma de acción cualquiera, sino una forma de acción por un lado con carácter sociopolítico, ya que está relacionada con el poder, en los ámbitos de aplicación, resistencia y deconstrucción del mismo, y por otro lado literalmente no violenta, es decir, tiene unas dinámicas propias adquiridas por el rechazo del uso de la violencia”. (Jesús Castañar Pérez: Las claves de la acción política noviolenta en contexto de conflicto armado)

Kurt Shock: “Insurrecciones no armadas” Editorial Universidad del Rosario. Bogotá 2008. Al final de la página 53 dice: “En vez de ser enfocada como la mitad de una rígida dicotomía violencia-noviolencia, la acción noviolenta podría ser mejor entendida como un conjunto de métodos con rasgos especiales que difieren tanto de la resistencia violenta como de la acción institucional”, y Castañar Pérez aclara este concepto diciendo: “se deben excluir de la definición de acción noviolenta actos políticos convencionales que no usan la violencia, como por ejemplo presentarse a unas elecciones. De esta manera tendríamos que distinguir entre varios tipos de acción política: la acción institucional (sin violencia), la acción noviolenta y la acción violenta (categoría que, a su vez, admite diferenciar entre la acción violenta incruenta (sabotajes, disturbios etc.) y la lucha armada (que abarcaría desde el terrorismo a la guerra de guerrillas o guerra revolucionaria militarizada). El abanico de formas de acción podría variar entonces entre acción institucional, acción noviolenta, acción violenta incruenta y lucha armada”.

La acción noviolenta es una técnica de acción sociopolítica para aplicar poder en una situación de conflicto sin utilizar medios institucionales ni recurrir a la violencia ni siquiera de forma simbólica. (Castañar, 2013, pág. 26, citado por Jesús Castañar Pérez)

La acción noviolenta normalmente es puesta en marcha por un actor político, que puede ser un grupo político, un movimiento, una plataforma o alguna otra forma de asociación colectiva, y se dirige contra un oponente, al que se exige ciertas demandas o concesiones que pueden ser de carácter social o político. Este oponente suele estar armado y emplear distintas estrategias violentas para la represión de las movilizaciones noviolentas, y, aunque técnicamente en el conflicto se produce respuesta armada, no es considerado como conflicto armado por el Derecho Humanitario Internacional, para el cual sólo existe conflicto armado si el conflicto se produce entre un estado y un grupo armado o entre grupos armados entre sí.

La protesta y la violencia no son consecuencia directa de una insatisfacción momentánea en la población. La predisposición a utilizar la violencia depende más bien de las capacidades y posibilidades de movilización política que tienen los grupos descontentos. Entre las posibilidades de movilización política de un grupo y su capacidad de organización existe una relación estrecha. Por eso hay que buscar los mecanismos con los cuales el grupo recluta a los individuos y obtiene su lealtad. Decisivos para la capacidad de un grupo y organización de realizar acciones colectivas son los recursos que tiene a su disposición; el concepto de recurso en que se basa es amplio y abarca, además de los militares y financieros, factores ideológicos y motivacionales. Los grupos contestatarios dirigen al sistema político reivindicaciones que tienen por objeto mejorar su posición y adquirir bienes colectivos adicionales. Según los recursos de que dispongan, pueden permitirse ejercer presión de una manera suave e invisible (por ejemplo, mediante un grupo de presión) o tienen que recurrir a la violencia, medio espectacular por su potencialidad de destruir el sistema”. (Waldman, Peter (1997): Radicalismo Étnico. Análisis comparado de las causas y efectos en conflictos étnicos violentos. Ediciones Akal. Móstoles, pág. 30)

Ackerman y Kruegler (Ackerman, Peter y K. Kruegler: (1994) Strategic nonviolent Conflict, the Dynamics of People Power in the Twentieth Century Westport, Connecticut. Londres, Praeger. Cit. por Jesús Castañar Pérez) han señalado cuatro importantes errores en los que a veces caen los activistas de movimientos noviolentos:

1)     Mecanicismo (suponer que la práctica de la noviolencia seguirá el curso de otros ejemplos históricos).

2)     Utilitarismo (suponer que la orientación pragmática o ideológica del movimiento constituye un factor determinante).

3)     Reduccionismo (creer que sólo dos factores determinan el resultado de las luchas noviolentas: la capacidad y voluntad por parte del oponente para reprimir violentamente y la capacidad del actor noviolento para resistir)
4) Externalismo (pensar que los recursos y autoridad del oponente son lo único que determina el resultado).


De acuerdo con Kurt Schock: “Deben confluir dos condiciones básicas para que un desafío contribuya a las transformaciones políticas: 1) el desafío debe ser capaz de oponerse exitosamente a la represión, y 2) el desafío debe socavar el poder de Estado. Esas condiciones son suficientemente obvias. Lo que es menos obvio son los atributos y acciones de quienes promueven el desafío y que contribuyen a que se den esas condiciones y mecanismos que vinculan los atributos del movimiento y el accionar para el cambio político. Tanto los retos primariamente violentos como los primariamente noviolentos podrían resistir o desarticular con éxito la represión estatal, y el poder del Estado podría ser minado a través de desafíos violentos o noviolentos”.

Saturday, July 16, 2016

Sobre las Bases de Somos +


Si nos proponemos hacer alianzas con una organización opositora como Somos +, debemos dejar bien en específico nuestras condiciones y nuestras proyecciones. Una alianza se establece siguiendo una línea de convergencias de objetivos, fundada en los principios que nos identifica y dejando de lado lo que nos diferencia.  Pero sí establecer, como primera condición, que la alianza se debe establecer sobre el principio de negación al actual gobierno, no reconociéndole legitimidad sino definiéndole como lo que verdaderamente es: una dictadura sustentada en un gobierno dirigido por usurpadores sin la legitimidad que nace de la aprobación mayoritaria de la población expresada en elecciones libres y secretas y ajustadas a los principios que se reconocen internacionalmente de transparencia y universalidad.

Tenemos derecho a compartir nuestras ideas, tenemos derecho a decir lo que pensamos, tenemos derecho a defender con seriedad y determinación el futuro que queremos.

¡Claro que tenemos esos derechos! Por tanto no es necesario proclamarlos. Sencillamente deben ejercerse. La redacción de este primer párrafo de las Bases y Principios, suena como si se estuviera buscando una justificación para “decir lo que pensamos” para “defender con seriedad y determinación el futuro que queremos”; es como si estuviéramos pidiendo permiso para el ejercicio de esos derechos.

Somos + se funda como un movimiento que convoca a todos los cubanos que deseen participar en la aventura hermosa y difícil de ayudar a construir un país moderno, próspero y libre.

Muy bien por “Somos +”, si solo ese es el objetivo que busca: participar en una aventura. Pero la lucha política no es una aventura, sino un accionar consciente y decidido para alcanzar, en primer lugar, el poder político. Sin ese objetivo primario no se estará hablando de organización política sino, solo y nada más, de una organización de carácter civilista. Hay que declarar: “Somos una organización de oposición al régimen castrista basada en principios democráticos, y en la tradición republicana de la nación; que para alcanzar sus objetivos políticos se conduce por la vía del accionar pacífico y cuyo propósito es la derogación del sistema totalitario y el establecimiento de un sistema político que se funde sobre el estado de derecho, el acatamiento a las normas de una Constitución de corte liberal y democrática que consagre la separación de los poderes del Estado y defina claramente una Declaración de Derechos civiles y ciudadanos.

Es imprescindible hacer una Declaración de Principios por medio de la cual se exprese el carácter tiránico del actual gobierno, enumerando todas sus características: 1 Gobierno continuista basado en la legitimación de una sola organización política con desmedro de la opinión opositora a la que se demoniza, ultraja, persigue y reprime usando fuerzas policiacas y paramilitares; 2 Militarismo como base de sustentación del régimen; 3 Supresión de los derechos de manifestación, de agrupación pacífica y de expresión; 4 Control y censura de los medios informativos y rechazo al ejercicio del periodismo independiente; 5 Control absoluto de la economía por parte del Estado; 5 Estado policiaco ejercido por medio de la estricta vigilancia de los cuerpos de Seguridad del Estado y de espionaje sobre toda la población. 6 Ausencia de las garantías procesales en los casos penales que niegan de hecho el Debido Proceso y donde el Proceso de Instrucción no se conduce por la vía judicial sino por “instructores” policiacos. 7 la Soberanía no es ejercida por el Pueblo, sino que descansa y se ejerce desde el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista.

Ya con estos lineamientos bien definidos se puede entonces convocar “a todos los cubanos que deseen participar”, no en una aventura sino en la lucha por el recate de los derechos civiles, económicos y sociales de todos los ciudadanos y por el establecimiento de la República que se organizará “con todos y para el bien de todos”, como había deseado que así fuera el Apóstol de las ideas republicanas, José Martí.

Política

Creemos que todos los ciudadanos debemos elegir a quienes nos gobiernan, en los municipios, las provincias y la nación, mediante el voto directo y secreto. Amparados en una nueva constitución que restituya la autonomía de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial; cuya absoluta independencia es la única garantía de una democracia real.

Sí, es cierto: “creemos que todos los ciudadanos debemos elegir a quienes nos gobiernan, en los municipios, las provincias y la nación, mediante el voto directo y secreto”. Está bien ¿Cómo hacemos efectiva esta creencia? ¿Esperando que el Partido Comunista se decida a escuchar nuestro consejo y se decida a hacer elecciones mediante el voto directo y secreto para que podamos elegir al gobierno y a las autoridades municipales y provinciales? ¿Esperando que los usurpadores del poder en Cuba se llenen de civilismo y se decidan per se para entrar en un proceso de transición hacia un estado verdaderamente democrático?

No tenemos solo que creer. Tenemos que exigir. Primero: exigir la supresión inmediata del artículo 5 de la espuria Constitución estalinista vigente en Cuba. Segundo: Exigir la renuncia del gobierno actual y la formación de un gobierno provisional de transición política que en un plazo de 18 meses convoque a la formación de partidos políticos y a elecciones para elegir al nuevo gobierno. Y, Tercero: Exigir que se declare y respete la autonomía municipal que sí es “la única garantía de una democracia real” unida a la separación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

¿Por qué ampararse en una “nueva Constitución” que requeriría la convocatoria a una Asamblea Constituyente Soberana formada por todos los factores políticos del país tanto de la oposición como del gobierno, cuando ya contamos con una Constitución, la de 1940, que no ha sido derogada de acuerdo con la ley constitucional establecida para la reforma parcial o total de la Constitución en su Cláusula de Reforma? La Constitución de 1940 fue el documento fundacional más progresista de toda la América Latina cuando fue aprobada. Cierto es, debe ajustarse a las nuevas condiciones políticas y sociales, ser reformada y ser renovada; pero esto podría ser luego de su puesta en vigencia y de acuerdo con lo estipulado en su Cláusula de Reforma.

Proclamar el restablecimiento de la Constitución de 1940 tiene más fuerza política que proclamar el establecimiento de una Constitución que ni siquiera ha sido redactado el texto de su Proyecto ni recibido el consenso de la nación. Y tiene más fuerza porque, en primer lugar, ello significa retornar a la democracia republicana anterior al zarpazo del 10 de marzo de 1952.

Es necesario señalar que la Constitución de 1940 surgió en medio de una violenta coyuntura política creada por el poder de Fulgencio Batista y Zaldívar. Se había dictado una Ley Electoral en 1939 para elegir el nuevo gobierno pero de las experiencias acumuladas a partir de la caída del gobierno de Gerardo Machado, los partidos de la oposición, que conocían que tras la figura del Presidente Federico Laredo Bru estaba el verdadero poder en manos de Fulgencio Batista, lanzaron la consigna que prevaleció entonces: “Constituyente primero, Elecciones después”. En los momentos actuales la consigna pudiera ser: Primero restablecimiento de la Constitución de 1940 y gobierno provisional de transición y elecciones después.

 Dicha constitución debe incluir la premisa insoslayable de garantizar el pleno disfrute de todos los derechos, plasmados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así como otros adicionales que como país instauremos.

La constitución debe convertirse en el instrumento legal y moral más preciado de la sociedad. Y si algo tiene que ser irreversible e irrevocable en su contenido, que sean los más altos valores de participación democrática, del respeto a la soberanía ciudadana y a la diversidad en todas sus manifestaciones, como garantías eternas para la paz y la fraternidad nacional.

Nadie puede estar por encima de la ley, ni fuera de su protección. 

Estos enunciados presupuestos están ya recogidos dentro del canon de la Constitución de 1940.

El castrismo ha hecho todo lo posible para denigrar y demonizar la Constitución de 1940 declarando que “no era otra cosa que una Constitución tan burguesa y neo-colonial como las que le precedieron […], que era además hipócrita porque contenía esos pocos preceptos […] que no eran verdaderamente revolucionarios”.

Hay un efecto de transferencia de asumir el discurso de la tiranía cada vez que se propone la formulación de una “nueva” Constitución.

En cuanto a los Derechos Fundamentales, la Constitución del 40 es de carácter incluyente, como establece su Artículo 40: La enumeración de los derechos garantizados en este Título (Derechos fundamentales) no excluye los demás que esta Constitución establezca, ni otros de naturaleza análoga o que se deriven del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.

Creo de utilidad citar las palabras del Dr. Carbonell Cortina quien siempre fue un defensor de los principios de la Constitución de 1940:

Si queremos ponerle fin a la tiranía y cerrar el ciclo tenebroso de la usurpación, tenemos que encontrar, después de Castro, una fórmula de convivencia con visos de legitimidad. Y esa fórmula no es la Constitución totalitaria de 1976, aunque se le hagan remiendos. Ni es otra Ley Fundamental espuria, impuesta sin consentimiento ni debate durante la provisionalidad.

No, la única que tiene historia, simbolismo y arraigo para poder pacificar y regenerar el país antes de que se celebren elecciones libres, es la Carta Magna de 1940. Ella fue el leitmotiv de la lucha contra Batista, y no ha sido abrogada ni reformada por el pueblo, sino suspendida por la fuerza.

Lo importante es tener una base constitucional que haya sido legitimada por la voluntad soberana del pueblo y que permita encauzar armónicamente la transición a la democracia representativa. Podrá después el Congreso o los delegados electos a una Asamblea Plebiscitaria reformar o actualizar la Constitución del 40, supliendo sus deficiencias y podando sus casuísticos excesos”.

En cuanto a la integración del gobierno provisional de transición debe definirse sus prerrogativas, pero declarando que la facultad de ejercer la capacidad legislativa, más allá de aquellas reglamentaciones y disposiciones dirigidas a asegurar el orden público, la reforma del sistema judicial y la depuración de los organismos del estado totalitario, no está contemplada en esas prerrogativas

Fuerzas Políticas

son los partidos, aún en los países más desarrollados, los principales protagonistas del necesario debate político constante. En tal sentido creemos en la necesidad de una Ley de Partidos políticos, que instituya el orden y la transparencia desde la creación, las campañas, las finanzas y el papel de los partidos en el ejercicio del poder.

Se requiere una Ley de Partidos o más bien una Ley o Código Electoral, sin dudas de ninguna clase; pero enunciar esto, solo constituye parte de un pliego de buenas peticiones; pero ¿a quién dirigir esta petición? ¿Al gobierno de los Castro?

Esta Ley o Código Electoral ya existe y es el aprobado en 1943, solo se requiere indagar en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos para conocer si existe alguna copia del mismo, aunque hay un libro de la Editorial Lex 1948 que recoge la Ley Nro. 17 de 31 de mayo de 1943. Solo se requeriría hacerle algunas modificaciones como establecer el derecho del voto a todos los mayores de 18 años. Además previamente antes de la convocatoria a elecciones se deberá restructurar el Tribunal Supremo de Justicia para poder establecer legítimamente al Tribunal Supremo Electoral como órgano rector del proceso eleccionario. Con esto volvemos al primer punto: designación de un gobierno provisional de transición quien deberá hacer la convocatoria electoral luego de confeccionado el Censo Electoral Nacional.

Tengamos en cuenta el Artículo 102 de la Constitución de 1940 que establecía: “Para la constitución de nuevos partidos políticos es indispensable presentar, junto con la solicitud correspondiente, un número de adhesiones igual o mayor al 2% del Censo electoral correspondiente, según se trate de partidos nacionales, provinciales o municipales".

La Constitución de 1940 reconoce la libre organización de partidos y asociaciones políticas, salvo con una prohibición expresa: “No podrán, sin embargo, formarse agrupaciones políticas de raza, sexo o clase” (Artículo 102), y declarando antes, en su Artículo 34, como ilícita “la formación y existencia de organizaciones políticas contrarias al régimen de gobierno representativo democrático de la República, o que atenten contra la plenitud de la soberanía nacional”.

Con vistas a asegurar estas libertades y las garantías constitucionales  y sociales, una vez restablecida la Constitución de 1940, el gobierno provisional de transición deberá restablecer el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales en concordancia con lo estipulado en la Ley 7 de 31 de mayo de 1949, tal y como estaba vigente antes del 10 de marzo de 1952 (Está en nuestro poder esa Ley)

Libertad de expresión

No es necesario dedicar un acápite especial para este tema. Se declarará que “no puede existir una verdadera democracia sin la más amplia libertad de expresión para todos los ciudadanos” dentro de la Declaración de Principios.

Economía

Este es un elemento clave en todo programa de gobierno y deberá argumentarse sólidamente. En primer lugar deberá declararse que se reconoce a la propiedad privada en su carácter social y la no intromisión del Estado en las actividades productivas y económicas del país y abogar por una economía de mercado que se fundamente en la libre competencia y la condena del monopolio. La economía de la Nación no puede ser conducida de acuerdo con principios ideológicos de cualquier modelo.

La lucha en el campo económico debe aclararse que no es contra la riqueza legal y honestamente obtenida sino contra la pobreza. Una sociedad donde la pobreza es la característica predominante conspira contra los principios democráticos y siempre será una sociedad inestable y propensa a caer en la dictadura.

Es necesario establecer legalmente un salario mínimo, que se calcule teniendo en cuenta el concepto de salario real, mediante un mecanismo flexible, que permita su constante adaptación a las variaciones en los precios de los productos y servicios disponibles en el mercado.

La Constitución de 1940 establece el procedimiento para establecer el salario mínimo tanto para el sector industrial, agrícola y de servicios como para las labores que requieran calificación técnica especializada.

El gobierno castrista ha fallado en su programa de industrialización del país. Un gobierno democrático deberá esforzarse por incentivar el capital nacional y por atraer capitales extranjeros dedicados a la producción industrial bajo el estímulo de las leyes, la supresión del peculado público, la seguridad pública y la aplicación de una correcta política impositiva. Sin caer en una política proteccionista se deberá establecer condiciones para que el capital privado nacional juegue un papel destacado en la vida económica de la nación.

Se deberá establecer una política financiera inteligente que conduzca a la valoración de la moneda nacional.

Deberá reorganizarse la banca nacional y darle funcionalidad al Banco Nacional de Cuba en concordancia con la Ley No. 13, del 23 de diciembre de 1948 teniendo autonomía orgánica, personalidad jurídica independiente y patrimonio propio; con capacidad para centralizar las reservas monetarias y regular el crédito; crear y retener medios de pago; actuar como Agente Financiero y Consejero Económico del Estado; y ejercer en relación con la banca privada, las funciones que le sean confiadas y actuar como cámara de compensación.

Se debe elaborar un acápite dentro del Programa que trate de la Deuda Externa que la República heredará del incompetente gobierno castrista. Se debe declarar:

Primero. La República de Cuba no reconocerá a tercer país que se subrogue la deuda contraída por el régimen castrista con la desaparecida Unión de Repúblicas Soviéticas.

Segundo: La República revisará cuidadosamente las deudas y obligaciones contraídas por el gobierno usurpador a nombre de Cuba con otros gobiernos para determinar si se deberá asumir tal deuda, capitalizarla o declararla nula.

La usurpación de poderes no es fuente de derechos.

Educación

Podemos coincidir con el enunciado que de este tema se presenta. Sin embargo habrá que matizar su contenido, declarando: Primero que la Educación ha de ser un interés primordial de la República concebida como inversión básica para garantizar el futuro desarrollo económico de la Nación y libre de influencias ideológicas de cualquier tipo. Debe sustentarse en principios científicos. Segundo, la educación que imparta el Estado tendrá carácter laico, declarando la obligatoriedad y gratuidad de la misma hasta el Octavo grado de la Enseñanza elemental.

En la Enseñanza preuniversitaria se restablecerá el Bachillerato, tanto de Ciencias como de Letras, con una extensión de cinco años de acuerdo con la reforma del Dr. Juan J. Remos en 1937 con la adecuada preparación académica para el ingreso a las carreras universitarias, incorporando en su currículum el estudio de la Historia de Cuba, de la Sociología, de la Sicología, y de los principios de la Filosofía. Los locales donde se imparta la enseñanza preuniversitaria deberán contar con laboratorios de Física, Química y Ciencias Naturales.

Se deberá dotar a las universidades con todos los recursos necesarios para formar profesionales debidamente calificados.  

Rescate de la calidad de la enseñanza. La gran mayoría de los maestros de las enseñanzas primaria y secundaria carecen de la debida preparación pedagógica y didáctica por lo que se deberán restablecer las Escuelas Normales para Maestros.

Se proclamará en todos los centros universitarios la Autonomía Universitaria, refrendada en el artículo 53 de la Constitución de 1940 por la que se garantice a cada universidad la libertad de tomar dentro de su propia organización y por medio de sus propios procedimientos las decisiones relacionadas con su legislación y administración

Plenamente de acuerdo con esta declaración: La remuneración de los maestros y profesores debe estar acorde con la importancia que tiene la educación en cualquier sociedad. Retribuir dignamente a estos arquitectos del espíritu, no es solo la garantía de un futuro mejor, es también un deber moral de la nación.

Salud

El acceso a la atención médica, de igual forma que a la educación, constituye un baluarte imprescindible para los cubanos.

Es posible que este término de “baluarte imprescindible” se ajuste a la segunda acepción que da la Real Academia de “amparo y defensa”. Políticamente no dice nada, Hay que ser más preciso. La salud pública debe ser de atención prioritaria del Estado pues contar con una población saludable y apta permite que cada persona pueda desplegar todas sus capacidades productivas y participar en el desarrollo social y económico de la Nación.

Los servicios médicos hospitalarios son cada vez más costosos, y su dispensación gratuita para todos constituye un poderoso gravamen en el gasto público. Los recursos económicos para mantener un programa universal sanitario no descienden como el maná del cielo. Los recursos que maneja el Estado provienen de los contribuyentes, de los impuestos deducidos de sus ingresos. En los hospitales públicos hay muchos servicios que se pueden ofrecer gratuitamente; pero otros resultan onerosos; por tanto deberá crearse un Seguro Social que les permita a las personas de bajos ingresos y a los jubilados, ancianos y niños obtener la debida atención y servicios facultativos bien sea a bajo costo o cubiertos por el Seguro Social.

El personal médico que labore en instituciones hospitalarias públicas deberá ser retribuido con un salario acorde con “su noble y sacrificado trabajo” y de acuerdo a su nivel de calificación.

De acuerdo con el Artículo 81 de la Constitución de 1940 sobre este aspecto, establece: “Se reconoce el mutualismo como principio y práctica sociales. La Ley regulará su funcionamiento de manera que disfruten de sus beneficios las personas de recursos modestos, y sirva, a la vez, de justa y adecuada protección al profesional”.

Deporte

Este acápite presentado dentro de un programa político no posee carácter movilizativo. No constituye una demanda a favor de la renovación de la sociedad. Se ha traído a colación solo para debatir el enfoque que el poder totalitario da al tema. Puede suprimirse sin problema alguno.

 Prensa

Nadie debe poseer el monopolio absoluto de los medios que producen y difunden los contenidos informativos. La prensa debe tener un carácter totalmente independiente, de manera que su sentido, beneficio y éxito radique únicamente en la credibilidad de quienes la consumen.

Pienso que nadie consume prensa ya sea oficialista, ya sea independiente. Salvando esta consideración se puede decir sí, es importante que el periodismo se ejerza libremente sin censura ni control gubernamental. El periodismo es el perro guardián de las libertades públicas. Sin embargo como reclamo debe aparecer en la Declaración de Principios. Si defendemos la puesta en vigor la Constitución de 1940 ya en ella está definida claramente la libertad de prensa en su artículo 33.

Agricultura

Cuba sigue siendo una sociedad eminentemente agraria. Un alto por ciento de su fuerza laboral activa se dedica a las labores agro-ganaderas.

Uno de los problemas más acuciantes dentro del sector agrario se refiere a la tenencia y explotación de las tierras agrícolas. Aunque se han alcanzado avances en la aplicación de la tecnología y la mecanización en el sector esto no ha dado los resultados apetecibles dadas las relaciones de propiedad que el castrismo ha implantado en el sector agrario, y al manejo burocrático de la explotación agro-ganadera.

Extensas áreas de suelo agrícolas presentan degradación. Oficialmente se ha reconocido que más del 40 % del área agrícola nacional está afectada por erosión, mal drenaje, salinidad, bajo contenido de materia orgánica y la reducción de la fertilidad.

Se requiere un campesinado libre en una agricultura libre, donde el campesino decida qué deberá cultivar y donde comerciar su producción. No obstante en la mayoría de las tierras de propiedad privada se practica una agricultura con métodos rudimentarios que no obstante históricamente alcanza rendimientos superiores a los obtenidos en las tierras de dominio estatal.

Se deben modificar las relaciones de propiedad fundaría. Entregando las tierras a aquellos que estén dispuestos a labrarlas, sustituyendo el sistema de usufructo de la propiedad por la propiedad efectiva mediante la compra de esas tierras en plazos y pagos determinados. Se reconocerá el derecho de los campesinos a unirse en cooperativas sin pignorar su propiedad a nombre de la cooperativa como persona jurídica. Todos los campesinos que se vinculen en una cooperativa tendrán derecho a separarse de la misma sin la pérdida de su propiedad.

Para facilitar que los campesinos puedan acceder al capital necesario para establecer cultivos, sistemas de irrigación y maquinaria el Estado refundará un sistema bancario que conceda créditos a los campesinos a tasas de interés no superiores al 5 % anual para los campesinos con fincas de hasta cinco caballerías (67 ha)

Se establecerá provincial y municipalmente el Servicio de Extensión Agrícola para la divulgación de modernas técnicas de cultivo; de manejo de plagas y enfermedades de los cultivos y de métodos de conservación y recuperación de los suelos. Servicio de asesoramiento a los campesinos en mercado y financiamiento.

Deberá desarrollarse un plan extenso de construcción de carreteras y vías vecinales que comuniquen al campo con los centros urbanos para la comercialización de su producción.

Fuerzas Armadas

Deberá suprimirse el actual Ministerio de las Fuerzas Armadas y sus funciones asumidas por el Ministerio de Defensa sometido al control civil con el asesoramiento en el terreno militar de un Estado Mayor Conjunto. Desmilitarización de la sociedad. Se suprimirá el servicio militar obligatorio. Cuba no requiere de unas fuerzas armadas que sobrepase la proporción número de efectivos/ciudadanos adecuada para tiempos de paz, por ello el número de los efectivos de las fuerzas armadas actuales deberá reducirse al menos en un tercio de su tamaño.

Deberá declararse: La oposición democrática no es enemiga de las fuerzas armadas. Los militares nada tienen que temer del movimiento democrático. La oposición democrática considera que el concurso de la joven oficialidad de las fuerzas armadas será determinante en las transformaciones que se deberán implementar en las estructuras políticas y sociales de la Nación.

Los altos oficiales que hayan participado de forma activa con el régimen castrista y enriquecido al amparo del mismo serán separados de sus mandos. Contra aquellos militares acusados de corrupción, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito o cualquier otro delito serán sometidos a los tribunales con todas las garantías procesales.

Las fuerzas armadas serán de carácter profesional sin participación en la vida política nacional, ajustándose a las funciones que a las fuerzas armadas le competen en una sociedad democrática: defensa de las costas y territorios nacionales y protección de la Constitución de la República.

Disolución de todos los cuerpos paramilitares.

Participar en el sector de la economía no es función de las fuerzas armadas.

Ministerio del Interior

Desmilitarización de este organismo del Estado (Antiguo Ministerio de Gobernación) y depuración de todas sus instancias con respeto a todos sus funcionarios que hayan actuado con profesionalidad y respeto por los derechos civiles de los ciudadanos. El Ministerio del Interior o Ministerio de Gobernación quedará sometido al control civil.

Se debe hacer una profunda depuración dentro del Departamento de la Seguridad del Estado y su restructuración de acuerdo con los lineamientos que para los servicios de Inteligencia y Contrainteligencia rigen en los países democráticos.

Los oficiales de la Seguridad del Estado que hayan ordenado, dirigido y/o participado en actos de represión contra la oposición pacífica serán puestos a disposición de Tribunales competentes garantizándoles un debido proceso con todas las garantías procesales.

El Ministerio del Interior (de Gobernación) tendrá a su cargo las Direcciones de Naturalización, Extranjería e Inmigración, la Dirección de Orden Público (Cuerpos de Policía), y la Dirección de Aduanas.

El Departamento Técnico de Investigaciones será reorganizado estructural y funcionalmente como Policía Técnica Judicial y transferido al Ministerio de Justicia.

Organizaciones de Masas

En lugar de hablar de organizaciones de masas es preferible emplear el término de Organizaciones no gubernamentales. Las actuales organizaciones denominadas de masas desaparecerán por su propia dinámica al desaparecer las estructuras totalitarias de la dictadura castrista.

Las organizaciones que surjan desde la sociedad deben ser el resultado de la voluntad espontánea de sus miembros para defender sus derechos e intereses, especialmente los sindicatos.

Esta condición está recogida de manera más precisa en el artículo 37 de la Constitución de 1940: Los habitantes de la República tienen el derecho de reunirse pacíficamente y sin armas, y el de desfilar y asociarse para todos los fines lícitos de la vida, conforme a las normas legales correspondientes, sin más limitación que la indispensable para asegurar el orden público”.

Sobre los sindicatos la Constitución de 1940 estipula en su artículo 69: “Se reconoce el derecho de sindicación a los patronos, empleados privados y obreros, para los fines exclusivos de su actividad económico-social. La autoridad competente tendrá un término de treinta días para admitir o rechazar la inscripción de un sindicato obrero o patronal (…) Las directivas de estas asociaciones estarán integradas exclusivamente por cubanos por nacimiento”.

En el Artículo 71, la Constitución postula: “Se reconoce el derecho de los trabajadores a la huelga y el de los patronos al paro, conforme a la regulación que la Ley establezca para el ejercicio de ambos derechos”. Y en el Artículo 72 establece: “La Ley regulará el sistema de contratos colectivos de trabajo, los cuales serán de obligatorio cumplimiento para patronos y obreros. Serán nulas y no obligarán a los contratantes, aunque se expresen en un convenio de trabajo u otro pacto cualquiera, las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, adulteración o dejación de algún derecho reconocido a favor del obrero en esta Constitución o en la Ley”.

Sobre el sindicalismo solo se mencionan los sindicatos como cita para redondear un breve párrafo (Ver párrafo citado más arriba) En este mismo párrafo se deja la organización de las organizaciones no gubernamentales “de masas” a la espontaneidad, a “la voluntad espontánea de sus miembros”. En política se requiere acción, actuación dirigida a un propósito objetivo; no cabe la espontaneidad. Hay que estimular la formación de sindicatos paralelos o independientes dentro de los centros laborales. Movilizar a los trabajadores para que se organicen en sindicatos que no sean “correas de transmisión” de las directivas del Partido Comunista y sí contrapuestos a los sindicatos supuestamente rojos pero que en realidad son verdaderos sindicatos amarillos; es decir, sindicatos que responden a los intereses de los empleadores que los crean y los controlan (en este caso el poder comunista) y no de los trabajadores que representan.

Hay que denunciar a la Central de Trabajadores de Cuba como organismo rector de los sindicatos amarillos para el dominio sobre los trabajadores y anular su espíritu de lucha. El comunismo en cualquiera de sus formas, leninista, trotskista o castrista es contrario a los intereses de los trabajadores; es el ejercicio de la dictadura del Partido Comunista sobre los trabajadores a quienes reducen a la condición de “proletarios”.


Hay que buscar el apoyo de la intelectualidad, captar a aquellos intelectuales que desarrollan su trabajo al margen de la oficialidad, escritores, poetas, pintores… imbuirles de las ideas de una oposición seria, no burocrática. Hay que entrar a los predios universitarios y captar apoyos entre el estudiantado. Hay que saber quiénes se muestran amigos hacia las ideas de la oposición y pactar con los potenciales aliados. Hay, por otro lado, que desarraigar lo que queda de plattismo en la conciencia política que deposita todas sus esperanzas en la ayuda que pueda ofrecer Estados Unidos. Las castañas están sobre las brasas y no podemos esperar que otros nos saquen las castañas de la candela.