Opinar nunca puede ser un delito

Mario J. Viera.

14 de abril de 1999

Esta es una crónica ya vieja, ya ha cumplido 18 años. La escribí a propósito de la puesta en vigor de aquella ley del castrismo que sería conocida como Ley 88 y que preveía largas condenas de prisión para todo aquel que tuviera contacto con medios informativos del extranjero y muy en especial con los medios de los Estados Unidos como, por ejemplo, Radio Martí. La Ley 88 fue el instrumento penal sobre el cual se dictaron las draconianas sanciones del 2003 contra 75 activistas de las organizaciones opositoras y periodistas independiente. No se ha derogado y mantiene su vigencia. Aunque redactada esta crónica en determinados condicionamientos históricos, la misma puede adquirir actualidad en el momento que contra el periodismo se ha impulsado toda una campaña de denigración para presentar la opinión libre como formando parte de una conspiración dedicada a promover falsas noticias (Fake news)

LA HABANA, abril - Recientemente un oficial de la Seguridad del Estado, que me conminaba a interrumpir mi “carrera periodística”, so pena de que, de no hacerlo, se aplicarían contra mí diferentes acciones represivas (sanción de prisión en el juicio pendiente de la querella interpuesta por un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores y que impulsa la policía política, juzgarme bajo los términos de la Ley 88 e, incluso, negarme la salida del país aún cuando poseyera una visa), me expuso una opinión que me parece medular dentro de los pasillos de Villa Maristas: “Con papelitos no se va a derrocar al gobierno”.

Vale la pena un comentario al respecto. Si la Ley 88 la promulgó el gobierno para impedir que los “papelitos” de los periodistas independientes pudieran proponerse derrocar al gobierno del doctor Castro, bien se hubiera podido ahorrar el esfuerzo y la inconveniencia de dar pie para que una avalancha de críticas proveniente del exterior se precipitara en su contra. Los periodistas independientes no nos proponemos derrocar al gobierno. Una verdad de Perogrullo que parece no han entendido aquéllos que ostentan el poder en Cuba.

Cuando hacemos lo que pudiera calificarse de periodismo alternativo, lo único que nos proponemos es brindar una información lo más veraz posible desde un ángulo propio e independiente del periodismo gubernamental. Ejercemos sencillamente nuestro derecho natural de opinar.

Tal vez cuando expresamos nuestra opinión sin autocensura ni delimitaciones impuestas por convicciones ideológicas o conveniencias políticas de poder, alguien pueda sentirse molesto, quizás furioso. Pero ello no implica un propósito subversivo o una conjura conspirativa. Opinar nunca puede ser un delito, siempre que esa opinión hecha pública no lacere la vida privada ajena o la reputación de alguna persona injusta y festinadamente.

Como bien expone el colega Raúl Rivero, director de Cuba Press, el movimiento del periodismo alternativo que ha venido desarrollándose en Cuba durante los últimos cinco años “está encaminado, no a excluir de la escena nacional la visión que ofrecen los medios oficiales de prensa, sino a encarar el curso de la vida cubana desde otros ángulos que hagan salir a flote el fenómeno íntegro”.

La opinión independiente, ética y profesionalmente expresada, enarbolada por el periodismo independiente, no es excluyente ni se abroga la propiedad exclusiva de la verdad, que siempre, en este mundo de lo relativo, será fraccionaria y condicionada a la capacidad personal de percepción de los fenómenos sociales. Sólo la intolerancia y la prepotencia de quienes se creen dueños de la verdad, y tiene fuerza para imponer, convierten la opinión del otro en figura delictiva.

Cuando nos empecinamos en hacer pública nuestra opinión y en informar lo que la prensa oficial no divulga, sabiendo que lo hacemos, como diría Rivero “en la vecindad del murmullo de los cerrojos”, estamos buscando, no derrocar al gobierno, sino hacerlo más democrático y más transparente, a la vez que estamos buscando el espacio de opinión que le corresponde a cada ciudadano del mundo, y que ninguna ley nacional puede prohibir, a no ser por el uso injustificado de la violencia y de los métodos execrables de la Inquisición.

Respetar las leyes es un deber cívico inexcusable. Pero ninguna ley puede dictarse en contra de la propia esencia de la humanidad. Pensar y opinar son las condiciones fundamentales que diferencian al hombre del resto de los mamíferos. Y estas dos condiciones no pueden prohibirse o limitarse con la excusa del patriotismo de consigna y los pretextos de un diferendo político con otra nación. La Ley 88, que pretende amordazar la opinión divergente con el anonimato de la cárcel, es antijurídica, intolerante y contraria al derecho natural, que no es concesión gubernamental, sino que ha sido conferido por la propia naturaleza o, si se quiere, por voluntad expresa del Creador.